Antifraude carga contra la Fundación Cical, el último intento de chiringuito instrumental de Ximo Puig

La Fundación Cical (Centro de Investigación para el Conocimiento en la Administración Local) fue impulsada por el socialista valenciano José Manuel Orengo, con fondos de las tres diputaciones valencianas, la Generalitat, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y algunos ayuntamientos de la Comunidad. Ahora, la Agencia Valenciana de Antifraude carga contra esta fundación, que llegó a tener el apoyo de la Generalitat de Ximo Puig, por no ver en ella ninguna utilidad pública. Y si no tiene utilidad pública y recibe fondos públicos, tiene una más que dudosa justificación.

Antifraude recuerda que «en fecha 25 de junio de 2018 la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana tuvo conocimiento de determinados hechos relacionados con un uso irregular de fondos públicos en relación con la firma de un Convenio de Colaboración entre Divalterra [antigua Imelsa] y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias». Con posterioridad, el 11 de diciembre de 2018, la Agencia accedió a nueva documentación, y todo ello dio lugar «a la apertura por parte de la Agencia del expediente identificado con el número de referencia 2.52/2018».

Antifraude «ha constatado que el objetivo del convenio era articular la colaboración entre Divalterra y la FVMP para la realización de los estudios previos necesarios para el inicio de las actividades de Cical, pero en la práctica, la intervención de Divalterra se limitó a realizar una aportación económica de forma directa a la FVMP, así como a contratar externamente el asesoramiento jurídico a la FVMP».

Empresa pública de la Diputación

La Agencia de Antifraude añade que «en el presente caso, existe una disposición dineraria por parte de Divalterra hacia la FVMP, entrega sin contraprestación directa de esta última, que utiliza los fondos para la creación de un ente instrumental, la Fundación Cical, siendo esto el proyecto objetivo del convenio, y en el que se ha pretendido acreditar la función pública o social».

El ente que persigue el fraude en la Comunidad Valenciana destaca, además, que «la imputación de ciertos gastos no contemplados dentro del objeto del convenio, resultan del propio convenio formalizado, si el objeto del convenio era ‘la realización de estudios previos que permitan concluir un Cical’, las tareas de ‘buscar financiación’ o del ‘diseño gráfico de estilo’, o de ‘realizar visitas para exponer el proyecto’, o ‘analizar RPTs’, no se encuentran dentro de dicho objeto».

Por todo ello, Antifraude acuerda «revisar la cuantía de la aportación económica a imputar al Convenio de Colaboración de 17 de mayo de 2016, teniendo en cuenta las irregularidades puestas de manifiesto en el presente informe».

En particular acuerda revisar «la aplicación de porcentajes no justificados de dedicación a las nóminas que justifican los gastos de personal adscrito al proyecto». También «la eliminación no justificada de la justificación final de gastos de las nóminas correspondientes a enero de 2017».

Asimismo, pide revisar «la aplicación no justificada de un porcentaje genérico del 8% sobre la aportación económica como cuantía máxima de gastos generales (9.600 eruros). También «la no adecuación al objeto del Convenio de la realización de visitas de exposición del proyecto, la búsqueda de financiación, el alquiler de salones en el campus de la UPV-Gandía, el análisis de RPTs o el diseño de la imagen corporativa de Cical.

Por último, Antifraude requiere revisar «el periodo de vigencia real del Convenio y la imposibilidad de imputación al mismo de gastos generados con anterioridad o con posterioridad a la vigencia del mismo».

Abrir procedimientos disciplinarios

Además, la agencia Antifraude debe «iniciar los trámites que procedan en orden a determinar posibles responsabilidades, e incoar los procedimientos disciplinarios que correspondan» e «iniciar los trámites que procedan en orden a determinar la procedencia del pago de las facturas pendientes o, en su caso, el inicio de las actuaciones necesarias en orden a la devolución o reintegro de las cantidades pagadas indebidamente».

Hay que recordar que durante la puesta en marcha inicial de Cical se anunció que contaría con un presupuesto que rondaba los 1,4 millones de euros (400.000 de la Generalitat, 200.000 de la Diputación de Valencia, 100.000 de la Diputación de Alicante y 75.000 de la Diputación de Castellón).

Orengo ha sido uno de los cargos de mayor confianza del presidente Ximo Puig. Vicesecretario de Organización del PSPV, fue el director de su campaña en 2014, asesor en Presidencia de la Generalitat valenciana y jefe gabinete del entonces presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, que dimitió al ser investigado por corrupción. Por lo tanto era conocedor de los mecanismos para que la entidad viera la luz.

En el organigrama de Cical estaban también el diputado de Compromís en la corporación provincial de Valencia, Emili Altur y el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler.

La creación de la Fundación Cical generó en su momento tantas críticas que Orengo acabó por desvincularse de ella. En junio de 2017 presentó formalmente su renuncia como director general y presidente del comité de dirección de la misma. No obstante, la fundación no se paralizó y el ideólogo siguió trabajando en ella, pasando los correspondientes gastos a la FVMP.

El acuerdo entre las Administraciones en su cláusula tercera establecía que la empresa pública de la Diputación de Valencia realizaría una aportación de 120.000 euros, IVA excluido, a la FVMP, con carácter finalista, para colaborar en los trabajos de investigación. Para cubrir esa cantidad se emitirían tres facturas, la primera de ella, valorada en 40.000 euros la pagó la FVMP, y las otras dos quedaron en un limbo debido a que el escándalo saltó antes de que pudieran realizarse.

Salpicada de irregularidades

La puesta en marcha de Cical está salpicada de sospechas de irregularidades, ya que se imputaron gastos producidos con fecha anterior a la firma del acuerdo de colaboración entre Divalterra y la FVMP. Se intentan cobrar gastos de personal tres meses antes de la forma del convenio. Se incluyeron gastos de kilometraje y peajes pagados con anterioridad a la firma del acuerdo. Hay gastos de 2017 que tuvieron que ser rectificados hasta en tres ocasiones y que se produjeron cuando ya había terminado la vigencia del acuerdo de colaboración. Entre otros gastos realizados por Orengo está el kilometraje entre Gandía -donde tiene el domicilio el ex alcalde de esa ciudad- y Valencia y sus correspondientes peajes: casi 400 euros en peajes y 347 euros en kilometraje por el segundo semestre de 2016.